A medida que los países en desarrollo experimentan una rápida transformación económica e integración digital, la industria del juego se está expandiendo en estas regiones a un ritmo sin precedentes. Desde América Latina hasta el sudeste asiático y África, están surgiendo nuevos mercados tanto para actividades de juego reguladas como no reguladas. Este auge presenta perspectivas económicas prometedoras y preocupaciones urgentes para gobiernos, empresas y comunidades. A continuación, exploramos las dinámicas que impulsan esta evolución, resaltamos vacíos regulatorios y examinamos las implicaciones socioeconómicas para los mercados emergentes.
Las naciones en desarrollo a menudo ven el juego como una fuente lucrativa de ingresos capaz de apoyar el gasto público y el desarrollo de infraestructura. La promesa de creación de empleo y flujo fiscal atrae a los gobiernos en busca de ingresos alternativos. Con una creciente penetración de internet y acceso móvil, el juego en línea está prosperando especialmente en regiones como India, Nigeria, Brasil y Filipinas.
Según las últimas proyecciones para 2025, se espera que el mercado mundial del juego supere los 700 mil millones de dólares, siendo los mercados emergentes una parte significativa del crecimiento. Esto está impulsado por el aumento de las clases medias, las billeteras digitales y regulaciones relajadas en ciertas jurisdicciones. Emprendedores y operadores internacionales están ingresando en estos territorios para capitalizar las primeras etapas de crecimiento, a menudo introduciendo apuestas deportivas, loterías y juegos estilo casino adaptados a las preferencias locales.
Sin embargo, la monetización no siempre se traduce en desarrollo sostenible. La efectividad del juego como herramienta de desarrollo depende en gran medida del marco regulatorio, la transparencia en la asignación de ingresos y la prevención de flujos financieros ilícitos.
La inversión extranjera directa está aumentando en regiones que muestran apertura política hacia las actividades de juego. Los inversores financian la construcción de instalaciones físicas, invierten en empresas tecnológicas locales y presionan por reformas regulatorias que respalden el crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, Kenia y Ghana han atraído importantes inversiones en plataformas móviles de apuestas gracias a sus ecosistemas fintech avanzados.
Estas inversiones traen nuevas tecnologías, oportunidades laborales y un posible crecimiento del turismo. Pero también requieren entornos políticos estables y políticas legales coherentes. En varias regiones, cambios abruptos en la legislación han llevado a cancelaciones de proyectos o retiros de inversores, minando la confianza en compromisos a largo plazo.
Para asegurar una expansión responsable, es esencial que los países anfitriones ofrezcan condiciones claras de licenciamiento, protecciones al consumidor y previsibilidad fiscal. De lo contrario, los emprendimientos de juego podrían alimentar economías informales o ser cooptados por redes criminales.
Uno de los problemas principales que enfrenta el juego en los mercados emergentes es la naturaleza fragmentada o subdesarrollada de los sistemas legales. En muchos países, aún están vigentes leyes obsoletas heredadas del periodo colonial o postcolonial, que no abordan adecuadamente los mecanismos modernos del juego digital. Como resultado, abundan las lagunas regulatorias, especialmente en las actividades en línea transfronterizas.
Los operadores a menudo explotan leyes ambiguas para operar en zonas legales grises. Por ejemplo, en algunos países de Asia del Sur y África, las casas de apuestas en línea operan sin licencias locales mediante el alojamiento de servicios en el extranjero. Esto dificulta su supervisión y priva a los gobiernos locales de ingresos fiscales. Al mismo tiempo, los usuarios quedan sin protección frente a fraudes o prácticas injustas.
La cooperación internacional y la armonización de políticas siguen siendo limitadas. Sin acuerdos transnacionales, regular el juego en línea a través de jurisdicciones continúa siendo un desafío considerable. Las autoridades están llamadas a fortalecer su capacidad institucional, introducir protocolos de licenciamiento claros y colaborar con organismos internacionales para reducir los abusos.
En la mayoría de los países en desarrollo, los marcos de juego responsable son inexistentes o muy deficientes. A medida que el acceso al juego se amplía, las personas sin suficiente alfabetización financiera o conocimiento de los riesgos se vuelven más vulnerables. Esto incluye a jóvenes que utilizan aplicaciones móviles de apuestas o loterías informales sin sistemas de verificación de edad.
Expertos en salud pública expresan preocupación por los efectos a largo plazo de una expansión del juego sin controles, especialmente donde no existen servicios de tratamiento de adicción. Las consecuencias incluyen problemas de salud mental y estrés financiero, agravados por el estigma social que impide buscar ayuda.
Se recomienda a los países en desarrollo lanzar campañas de concienciación, invertir en líneas de asistencia para problemas de juego e implementar herramientas de autoexclusión y verificación de edad. Estas medidas son esenciales para prevenir que el juego se convierta en un problema social generalizado.
La expansión del juego en países en desarrollo está modificando normas sociales y dinámicas familiares. En comunidades donde antes se desaprobaba el juego, su normalización —especialmente a través de apuestas deportivas— está alterando las percepciones sobre el riesgo, el éxito y la moralidad.
La juventud urbana, en particular, se siente atraída por las aparentes oportunidades de dinero fácil que ofrecen las apps de juego. Influencers y campañas en redes sociales suelen romantizar el juego, presentándolo como un camino rápido hacia la riqueza. Esta imagen rara vez refleja las verdaderas probabilidades y consecuencias.
Líderes religiosos y comunitarios en países como Indonesia, Pakistán y partes del África subsahariana han expresado su oposición, citando preocupaciones morales y efectos negativos sobre las familias. Al mismo tiempo, existe una creciente división generacional, donde los jóvenes son más receptivos al juego como entretenimiento y no como vicio.
Los bajos niveles de educación financiera agravan el juego problemático, especialmente cuando los individuos no comprenden plenamente los riesgos ni cómo funcionan las pérdidas. En regiones con acceso limitado a la educación, el atractivo de las ganancias rápidas puede arrastrar a comunidades enteras hacia ciclos de deuda y dependencia.
Las intervenciones educativas son fundamentales para mitigar estos riesgos. ONG e instituciones públicas deben incluir la educación financiera en planes escolares y programas comunitarios. Enseñar conceptos básicos como probabilidades, presupuesto y gestión de riesgos puede reducir significativamente comportamientos perjudiciales.
Además, las plataformas digitales deberían incluir advertencias informativas, límites de apuesta y recursos educativos. Empoderar a las personas con conocimiento es el primer paso para fomentar una participación segura y responsable.
El juego en mercados emergentes es un arma de doble filo. Por un lado, ofrece diversificación económica, desarrollo tecnológico y creación de empleo. Por otro, introduce desafíos legales, sociales y de salud pública. La clave para maximizar sus beneficios radica en políticas equilibradas y específicas que protejan a los ciudadanos y permitan la innovación.
Los gobiernos deben priorizar regulaciones basadas en datos, informadas por investigaciones locales y buenas prácticas internacionales. Estas deben incluir normas contra el lavado de dinero, transparencia fiscal y capacidades sólidas de cumplimiento. Al mismo tiempo, la sociedad civil debe participar para asegurar que las comunidades comprendan tanto los beneficios como los riesgos del juego.
Los próximos cinco años serán decisivos para determinar si el juego se convierte en un componente productivo de la estrategia económica o en una fuente de tensión social. Las partes interesadas internacionales —líderes de la industria, ONG, investigadores— deben colaborar con los gobiernos nacionales para apoyar modelos de juego inclusivos, éticos y sostenibles.
Para un crecimiento responsable, son esenciales las alianzas entre gobiernos, industria y sociedad civil. Organizaciones como la ONUDD y el GAFI pueden apoyar esfuerzos de transparencia y anticorrupción vinculados a ingresos del juego.
Deben establecerse marcos regulatorios transfronterizos para supervisar las operaciones de juego en línea y prevenir efectos adversos. Un enfoque coordinado permite estándares coherentes, mejor protección al usuario y mitigación de actividades ilícitas.
En conclusión, la expansión del juego en los países en desarrollo no es intrínsecamente negativa, pero debe estar regulada con sabiduría. Con regulación adecuada, educación inclusiva y vigilancia colaborativa, el juego puede ser una parte manejable e incluso beneficiosa del desarrollo económico.